Ediles de Coristanco durante el gobierno de Antonio Pensado niegan que favoreciese a una empresa en las adjudicaciones

Concejales de Coristanco (A Coruña) en la etapa de gobierno como alcalde de Antonio Pensado --que ejerció el cargo durante más de 20 años tras concurrir a las listas por el PP-- han negado que el regidor favoreciese a tres empresarios en la adjudicación de proyectos, en el juicio que se celebra contra él y contra los dueños de la empresa.

Así lo han hecho un edil, que primero en el gobierno y luego en la oposición, formó parte de la corporación entre los años 2011 y 2019. También lo hizo el que fue teniente de alcalde entre 2011 y 2015. "De obras mayores no sé nada", ha respondido este último al ser cuestionado sobre las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de obras públicas y en la concesión de una planta de tratamiento de lodos.

"Los técnicos hacían las valoraciones", ha dicho en consonancia con el otro edil que ha prestado declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña. Cuestionado sobre si hubo advertencias de la secretaria municipal sobre incumplimientos en algunos contrataciones, ha dicho que tampoco lo sabía.

Sobre los tres hermanos propietarios de la empresa beneficiaria de "casi el 70% de las obras", según el Ministerio Público, han admitido que sí recibía obras menores. "No había mucho margen", ha manifestado uno de los ediles al justificar que apareciese más habitualmente para la adjudicación de obras y al vincularlo con el número de empresas que había en el municipio.

Por otra parte, el teniente de alcalde entre 2011 y 2015 ha dicho que no les constaba que hubiese quejas o reparos jurídicos. Ambos han negado que por parte del entonces alcalde hubiese un "trato especial" a esta empresa, en respuesta a las preguntas hechas desde Fiscalía.

PETICIÓN DE PENAS
En su escrito de calificación, Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel y 36 de inhabilitación para el exregidor por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial, supuestas irregularidades detectadas en la contratación de obras públicas y en la concesión de una planta de tratamiento de lodos.

En concreto, sostiene que a lo largo de sus 24 años al frente de la Alcaldía de este municipio coruñés, Antonio Pensado desarrolló una "relación muy cercana y estrecha" con los propietarios de este grupo de empresas. Dada esta "estrecha relación", considera que la Alcaldía "no dudó en favorecer la actividad" de estas empresas "sin tomar en cuenta si las decisiones tomadas con esa finalidad eran o no las más convenientes para el ayuntamiento".

Además, apunta que los tres empresarios acusados no dudaron "en solicitar directamente a la Alcaldía" la toma de determinadas decisiones para lograr beneficios económicos. A estas tres personas, el Ministerio público atribuye delitos de prevaricación continuada y tráfico de influencias, por los que reclama penas que oscilan entre los dos años y tres meses y los dos años y cuatro meses de cárcel.